ACCESO A UNA IDENTIDAD

El sistema de Identificación Personal que administra la vigencia de la llamada “Cédula de Identidad”, enfrenta como “competidores naturales” a más de tres documentos paralelos que, en la práctica, que complican la vida del ciudadano boliviano, además de alterar el desarrollo normal de las actividades en la administración pública, cuyo tejido orgánico hace mucho más pesada la carga burocrática a la hora de dar cumplimiento a normas legales vigentes y facilita, con mayor solvencia, el fortalecimiento del fenómeno de la corrupción. Se trata del Certificado de Nacimiento, la Libreta de Servicio Militar, la Licencia de Conducir, el Pasaporte y, en muchos casos, el Certificado de Bautizo. En este caso tomaremos en cuenta la cedula de identidad, es el principal objetivo de esta encuesta.Todos sabemos que este cúmulo de documentos personales, sólo causan enredos y muchas complicaciones, tanto así que los ciudadanos en todo el país, experimentamos hechos tan evidentes que, en vez de garantizar seguridad y solvencia, generamos sólo desconfianza e incertidumbre por parte quien nos otorga este servicio. Un hecho palpable, es la doble, triple o múltiple “carnetización” denunciada ampliamente con el necesario respaldo documentado y que pudo ser implementada en base a la múltiple existencia de certificados o documentos de identificación personal y esto da lugar a varios problemas en si que esta vez tomaremos la de las largas filas y tiempo que pierde uno al adquirir su cedula de identidad.El proyecto en sí, al ser tratado y aprobado en la instancia legislativa correspondiente, estaría convalidando el contenido de una Ley ya existente que emergió del Congreso Nacional el año 2000 y, que “por incapacidad y falta de fortaleza institucional”, el entonces Presidente de la Corte Nacional Electoral no se atrevió a poner en vigencia la transferencia del sistema de identificación personal a manos de esa Corte.La historia del indicado sistema, nace en sí a mediados de la década de los ochenta, con la presentación de una serie de proyectos de Ley. Se concreta la primera experiencia en 1989, con la creación del Registro Único Nacional (RUN) y el financiamiento del Gobierno de España, con un monto de $us. 5.000.000. De acuerdo con la norma Legal, el RUN debió implementar el sistema biométrico, con un diseño técnico que abarcaba lo que hoy se está proponiendo.En 1995, el RUN que había dado los primeros pasos en su implementación, recibe el respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con un monto de $us. 20.000.000, cuya misión fundamental era proporcionar cédulas de identificación personal a la población asentada en el área rural, para terminar en áreas urbanas. De esta manera, se buscaba unificar el registro de las personas en un sólo sistema adecuado y moderno, computarizado y que garantice plenamente solvencia y seguridad.En 1998, mediante Ley de la República, el gobierno dispone el cambio de nombre de RUN por el de RIN (Registro de Identificación Personal), además de ordenar una ejecución más acelerada del proyecto que había recibido el equipo necesario, además de vehículos y unidades de registro, procedentes de Europa.Todos estos esfuerzos realizados durante 15 años, fracasaron el año 2000, cuando el entonces presidente de la Corte Nacional Electoral, Ramiro Beltrán, se negó a asumir la responsabilidad de administrar el sistema de Identificación Personal que, de acuerdo a una nueva Ley, fue trasferido de la Policía Nacional.Durante el indicado proceso, tanto el comando de la Policía Nacional, como algunas instancias paralelas, reaccionaron con vehemencia contra toda forma de transferir el sistema, argumentando que, “por seguridad y garantía plena”, sólo la policía podía administrar dicho sistema. El comando de la Policía Nacional se ha convertido, durante todo ese tiempo, en el único escollo para modernizar el sistema de identificación y mantener la “máquina de escribir a raja tabla”, lo cual significa preservar una estructura corrupta que genera, diariamente, importantes ingresos al margen de los recursos legales que los ciudadanos deben cubrir para la obtención de este documento obligatorio.Este “punto crítico” que afectó, en su tiempo, a varios países de América Latina, fue superado con una medida política clara y concreta, de transferir su administración a una instancia civil que registre y expida un sólo documento para cada ciudadano. Ocurrió en Colombia, donde se denomina “Registraduría Nacional”; en Chile, “Registró Único” o en el Perú, Instituto Nacional de Estadística”. No vamos a hablar de Estados Unidos, porque es donde no existe la Cédula, como tal.La Bolivia de hoy, debe asumir esa responsabilidad, con firmeza y decisión. Sólo de esta manera, quedarán borradas las sospechas, dudas o las malas intensiones de la corruptela vulgar, especialmente, en tiempos electorales.